La primera ola de COVID-19 ha afectado a numerosas familias romaníes en toda España. En un principio, la prioridad fue brindar información y promover medidas de salud pública orientadas a la prevención y contención. Sin embargo, desde la declaración del estado de alarma en todo el país el pasado 14 de marzo, nos enfrentamos a un nuevo escenario más complejo, en el que nuevos riesgos sociales se combinan con la crisis de salud pública y con la situación de especial vulnerabilidad que ya afectaba a la población Roma.
Al inicio de este contexto de crisis, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) decidió realizar una encuesta telefónica a 11.000 gitanos españoles que participan en programas de la FSG con el objetivo de comprobar cómo afectaba el Covid-19 a las familias gitanas, identificando y tratando de dar respuesta a las mayores necesidades a las que se enfrentaban. La encuesta se realizó en 68 ciudades del 30 de marzo al 3 de abril de 2020.
Algunas de las conclusiones centrales de la encuesta fueron la falta de alimentos y necesidades básicas en muchas familias, la escasez de recursos económicos y la brecha educativa.
La principal fuente de ingresos de un gran número de familias romaníes es la venta ambulante, una actividad que ya era una fuente de ingresos poco fiable, incluso antes de esta crisis. El cierre de los mercadillos y la imposibilidad de realizar actividades alternativas como la recolección de chatarra, la venta de frutas u otras actividades que solían proporcionar un ingreso diario, dejó a muchas familias en una situación de emergencia social, sin ingresos, y con serias dificultades para acceder a la ayuda estatal para los autónomos (el 71% de los autónomos son vendedores ambulantes en la economía informal, a menudo ayudan a familiares y no están registrados como autónomos).
La situación de dos tercios de los romaníes con empleo remunerado empeoró, ya que más de un tercio perdió su empleo, otro tercio fue despedido temporalmente y el 12 por ciento vio reducidas sus horas de trabajo. Solo el 24 por ciento no vio ningún cambio en su situación. Más de la mitad de los romaníes desempleados no reciben ningún tipo de pago de asistencia social y carecen de protección financiera en este momento.
De particular preocupación en esta crisis fue la situación en los asentamientos precarios, donde la protección de la salud pública y los servicios públicos y sociales son escasos. La salud de los residentes también es mala debido a las condiciones médicas existentes y los riesgos sanitarios que presenta su entorno inmediato, lo que significa que representan una población de alto riesgo.
A pesar de los recursos aportados por el gobierno para paliar la situación de emergencia social que atraviesan muchas personas, y pese a las recomendaciones de dirigir estos recursos a las familias más vulnerables, la ayuda no ha llegado con la suficiente rapidez.
Ha habido escasez de alimentos y de necesidades básicas en muchos hogares romaníes, que ya vivían en un estado de extrema pobreza y vulnerabilidad: más del 40 por ciento experimentó dificultades para acceder a los alimentos y más de un tercio tuvo dificultades para pagar sus facturas de electricidad. . Al momento de la encuesta, las familias que reciben ayuda la reciben principalmente de familiares extendidos o de vecinos (más del 40 por ciento), organizaciones sociales y parroquias (más del 30 por ciento) y solo el 23,4 por ciento la recibe de las autoridades locales (23,3 por ciento). ). Las autoridades locales llegaron tarde ya que los proveedores de la ayuda inicialmente necesitaban.
Esta crisis también está provocando una tasa aún mayor de fracaso escolar entre los alumnos romaníes, ya víctimas de la brecha digital y de la desigualdad educativa.
Escuelas cerradas, pero sin internet
El cierre de las escuelas primarias y secundarias supuso la transformación de un sistema educativo basado en los recursos digitales, pero un gran número de familias gitanas no poseen el equipamiento o las habilidades necesarias para acceder y utilizar estos recursos: solo un tercio de los menores tiene un ordenador y más del 40 por ciento de ellos no tienen acceso a Internet o lo tienen con datos limitados.
Además, el apoyo al aprendizaje relacionado con las asignaturas, que antes recibían los alumnos en las clases normales de la escuela y en las clases de apoyo, ahora es más difícil de acceder. Por tanto, los alumnos se enfrentan a serias dificultades para seguir sus cursos, junto con un apoyo familiar limitado.
Aunque solo el 6,3 por ciento dijo haber sufrido al menos un incidente de discriminación durante este tiempo, de haber sido insultado o agredido por ser gitano, el 37 por ciento cree que está siendo estigmatizado, lo que lleva a una imagen negativa e injusta de la comunidad gitana en el contexto de la crisis del COVID-19.
El gobierno español ha puesto en marcha algunas medidas políticas y legislativas para contrarrestar el impacto negativo de la crisis en las personas más vulnerables de España: recomendaciones sobre cómo coordinar la ayuda de emergencia y la entrega de alimentos a los barrios y asentamientos más desfavorecidos.
Sin embargo, algunas de estas iniciativas no han sido implementadas por las administraciones regionales y locales de una manera flexible y rápida como lo requiere una situación de emergencia, ni han llegado a los grupos más vulnerables, como los gitanos. Los servicios sociales han sido lentos en la prestación de ayuda y, en muchos casos, han sido las ONG las primeras proveedoras de ayuda de emergencia.
Las enormes consecuencias sociales de esta crisis han acelerado la aprobación por parte del gobierno central de la medida social más relevante: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De nueva introducción y dirigida a familias de menores ingresos y con hijos a cargo a su cargo, esta no solo es una oportunidad para abordar la pobreza extrema, sino también un derecho subjetivo a ser protegido por las autoridades públicas. Serán las Comunidades Autónomas españolas las que tengan ahora la responsabilidad de hacer valer y proteger este derecho, mediante la elaboración de planes educativos, socio-personales y de preempleo a medida y adaptados a la persona y sus circunstancias. El IMV amplía la cobertura a las familias necesitadas y sin duda ayudará a aliviar la angustia de las familias romaníes empobrecidas y, en general, la pobreza infantil romaní.
Si bien tanto el IMV como otras medidas de emergencia para contrarrestar las necesidades básicas inmediatas deberían estar operativas lo antes posible, es necesario que ya estén en la agenda más medidas y políticas estructurales para prevenir y reaccionar ante desigualdades arraigadas y crecientes en relación con la educación, Brecha laboral, vivienda, salud e igualdad de trato y no discriminación entre gitanos y no gitanos que se mantiene en la sociedad española.
La situación de vulnerabilidad y desigualdad que afectaba a la población gitana ya era alarmante antes de la crisis provocada por el COVID-19 en España, como en toda Europa.
Con base en datos de 2018, el estudio comparativo de la situación de la población gitana en España en 2018 en términos de empleo y pobreza realizado por la FSG encontró que la pobreza y la exclusión social afectaban a más del 80 por ciento de la población gitana, con un 46 por ciento viviendo en pobreza extrema. La tasa de pobreza infantil se situó en el 89 por ciento, con un 51 por ciento en situación de pobreza extrema. Sin embargo, y contrariamente a la creencia común de que las familias romaníes viven de los pagos de asistencia social, solo el 32% de los hogares romaníes muy pobres reciben esos pagos.
El estudio también reveló la escasa representación de la población romaní en el mercado laboral, ya que los que trabajan a menudo se encuentran en trabajos inseguros con poca protección social o legal. La tasa de desempleo llegó al 52 por ciento (más de tres veces la tasa del 14,5 por ciento que se encuentra en la población general). Las mujeres romaníes se encuentran en una clara desventaja, con una tasa de empleo de solo el 16 por ciento.
Solo el 53 por ciento de los económicamente activos eran trabajadores asalariados (en comparación con el 80 por ciento en la población general), mientras que los trabajadores independientes representaban el 47 por ciento (en comparación con menos del 20 por ciento en la población general). Esta alta proporción de trabajadores autónomos se debe a la alta prevalencia de la venta ambulante, que sigue siendo la principal forma de trabajo de los romaníes.
En relación con la educación, solo el 17 por ciento de la población gitana mayor de 16 años ha completado la educación secundaria obligatoria o la educación superior. Seis de cada 10 niños y niñas romaníes no terminan la educación secundaria obligatoria.
Asentamientos precarios
En cuanto a la situación de la vivienda, más de 9.000 familias gitanas en España viven en viviendas precarias que no cumplen las normas básicas de habitabilidad (alrededor de 40.000 personas). De estos 9.000 hogares, 2.273 viven en barrios marginales (alrededor de 11.000 personas).
Ante este cuadro de desventaja, uno puede imaginarse fácilmente lo que habrá provocado la llegada del Covid-19 a muchas familias gitanas. Ha golpeado duramente a los romaníes más vulnerables cuyas precarias condiciones de vida se han deteriorado aún más, dejándolos en una situación muy frágil y desprotegida.
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Este artículo se publicó originalmente en https://euobserver.com/coronavirus/148675, escrito por Carolina Fernández (subdirectora ejecutiva de incidencia) y Belén Sánchez-Rubio (directora del departamento internacional de la Fundación Secretariado Gitano, una ONG que trabaja con la comunidad gitana en España).
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